Esta columna se refiere a quienes gobiernan para la clase A, es decir, para los ricos. La declaración de estado de emergencia en Cajamarca decidida por el Presidente Ollanta Humala recuerda medidas semejantes en la historia de la República. Por César Lévano
En enero de 1919, en plan de frenar el paro por la jornada de ocho horas, el presidente José Pardo decretó el estado de sitio y desató una represión que no pudo contener la lucha de masas. El 15 de enero reconoció la jornada de ocho horas.
A fines de 1930, el comandante Luis M. Sánchez Cerro, que había derrocado al tirano Leguía, se puso al lado de la empresa minera Cerro de Pasco Corporation y decretó medidas de emergencia, entre ellas la disolución de la Confederación General de Trabajadores (CGTP) fundada por José Carlos Mariátegui. El Partido Comunista Peruano, bajo la dirección sectaria de Eudocio Ravines, había llamado a crear los soviets de obreros y campesinos, consigna utópica y provocadora, que ayudó el proyecto represivo.
A fines de los años 70, después de un paro nacional masivo y enérgico, el general Francisco Morales Bermúdez, que había depuesto al general Juan Velasco, dictó una medida que la clase A aplaudió: las empresas tenían amplia libertad para despedir sindicalistas. Más de cinco mil dirigentes sindicales fueron lanzados a la calle.
El Presidente Humala ha cometido, según mi opinión, un exceso, al decretar el estado de emergencia en Cajamarca. Todos los informes señalan que los dirigentes regionales pidieron el domingo, después de ocho horas de negociaciones, un plazo de 24 horas para consultar con sus bases. ¿No se pudo conceder? Cierto es que entre los dirigentes del paro hay quienes sustentan posiciones intransigentes. También el Ejecutivo ha demostrado intransigencia.
Es un secreto a voces que las fuerzas más retrógradas del país exigen que se respete “el principio de autoridad en Cajamarca”, o sea: que se aplique la represión. No toman en cuenta el hecho de que los cajamarquinos han demostrado un máximo de serenidad, evitando desmanes.
Todo indica que el estado de emergencia estaba listo de antemano.
Hay que saludar que los conductores del movimiento cajamarquino hayan recomendado no caer en provocaciones y suspender, durante los 60 días de la emergencia, las movilizaciones. Ahora es el momento, malgrado el estado de emergencia, para un debate interno de las organizaciones sociales y políticas de Cajamarca respecto a lo actuado, y a la táctica y la estrategia venideras.
En Cajamarca se procesa un debate, que también debe ser nacional, sobre el futuro peruano, más allá de la coyuntura, que considere el contexto latinoamericano y mundial, y los valores de la libertad, la ética y los derechos humanos.
El carácter del régimen actual también resulta sometido a examen.
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